La realidad sobre políticas reproductiva en Nicaragua

En Nicaragua, como en toda la región centroamericana, el aborto es ilegal. Quizás eso no es de extrañarse en un país en extremo conservador, sin embargo no deja de ser alarmante para la comunidad internacional que el aborto inducido, en condiciones inseguras, sea la tercera o cuarta causa de mortalidad materna en ese país.

Las cifras sobre la población joven, sexualmente activa, no difieren demasiado del resto de los países centroamericanos, no obstante, el cariz ultraconservador de la política pública nicaragüense hace proclive que situaciones desesperantes, como un embarazo no deseado o consecuencia de una violación; un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre o el ser humano por nacer presenta alguna malformación que mermará su vida, se conviertan en inenarrables, pues desde 2009, en este país se aprobaron políticas que prohíben y sancionan cualquier tipo de aborto. El aborto terapéutico es legal en toda la región, por obvias razones. En alarmante retroceso en política pública, derechos humanos y derechos de la mujer, producto de lo que parece ser una lucha de partidos políticos. Un acto de lesa humanidad.

Desde 2006, en que se buscó reformar, en medio de una franca controversia, la figura del aborto terapéutico con sentencias de entre cuatro y ocho años de prisión a quienes lo practiquen, en el código penal nicaragüense como parte de la propaganda electoral. La reforma al código nicaragüense fue aprobada por 52 diputados de los 90 que integran el legislativo. Ocho legisladores liberales y uno del Partido Camino Cristiano no ejercieron su derecho al voto y 29 legisladores no asistieron a la sesión plenaria. Asimismo, los diputados no hicieron ninguna enmienda a las penas que existían contra el aborto y rechazaron la penalización de 30 años planteada por el presidente y los 20 años de cárcel que propuso la iglesia. En su momento, se remitió y publicó una carta dirigida al presidente del Congreso, firmada por integrantes de la comunidad internacional solicitando una reunión para "dialogar y hacer reflexión profunda y no apresurada sobre el aborto terapéutico, antes de la decisión final". La sociedad médica nicaragüense hizo la misma solicitud y argumentó que el tema estaba siendo politizado en momentos en vísperas de las elecciones presidenciales.

A mediados de 2009, en el que Amnistía Internacional ya contaba con cifras claras de cuántas mujeres y niñas han sido procesadas por abortos que ponían en riesgo sus vidas o incluso involuntarios. Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres murieron ese año durante el embarazo, en comparación con 20 en el mismo período el año pasado. Amnistía Internacional considera que estas cifras son sólo un mínimo ya que el propio gobierno ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados. El nuevo código introduce sanciones penales contra médicos y enfermaras que traten a mujeres o niñas embarazadas o o que presenten afecciones como cáncer, malaria, VIH/SIDA, en situaciones de emergencia cardiaca cuando el tratamiento está contraindicado en el embarazo y puede causar lesiones o muerte del embrión o feto. La delegación de Amnistía Internacional se reunió con mujeres jóvenes que, habiendo sido objeto de violencia sexual a manos de familiares cercanos o amigos, fueron obligadas a llevar a término sus embarazos, dando a luz -en muchos casos a sus propios hermanos o hermanas- porque se les niega el acceso a alternativas.

Obstetras, ginecólogos y médicos de familia en Nicaragua le dijeron a Amnistía Internacional que, legalmente, en virtud de este código penal, ya no pueden proporcionar un tratamiento médico eficaz para enfermedades que amenazan la vida en mujeres y niñas embarazadas debido al riesgo latente para el feto.

En este 2011 de comicios en Nicaragua, las voces, el clamor en contra se unen para lograr la derogación de leyes cuyas consecuencias, sobre la población en desventaja de ese país, de no ser lo suficientemente urgentes hoy mismo, sólo lograrán obstaculizar cualquier noción de progreso en ese país. La legalización del aborto (entendido como un derecho inalienable de cada mujer) parece un sueño, la ilegalización del aborto terapéutico en Nicaragua es por mucho una pesadilla; un acto de lesa humanidad.