La seguridad en la construcción de los túneles

La seguridad de los túneles es el aspecto más cuidado a la hora de planificar su construcción. Lo que prima es la seguridad de los opera­rios que lo construirán, de los habitantes próxi­mos al túnel y de los futuros usuarios. En este campo, España ha hecho avances muy significativos.

La conciencia por la seguridad del personal durante la construcción de los túneles es muy grande. Han dismi­nuido drásticamente los índices de accidentalidad en la construcción de túneles hasta situarse por debajo de la media de la construcción. Por otro lado, el número de muertos y lesionados por accidentes de carretera es mucho menor en los túneles que en los tramos a cielo abierto.

La importancia de la construcción de túneles para la vertebración del territorio español y el interés de la comunidad internacional por mejo­rar la seguridad en la construcción de túneles han contribuido a gran­des esfuerzos tanto en el ámbito nor­mativo como en el de las inversiones. Esto se ha visto refle­jado positivamente en un incremento de los niveles de seguridad en los túneles y, en general, de las infraestructuras subterráneas.

El interés por la seguridad en la construcción de túneles ha provocado una mayor aproximación al problema lo que ha permitido sacar a la luz deficiencias o puntos débiles que en el pasado ni siquiera se planteaban. El incendio del túnel del Mont Blanc, por ejemplo, puso de manifiesto los riesgos de que un túnel esté gobernado por dos centros de control independientes.

En relación con la seguridad en túneles han surgido con fuerza nuevas tecnologías como son los sis­temas fijos de extinción, los sistemas automáti­cos de detección de incidentes e incendio, o las cámaras térmicas. Los túneles se han convertido en sis­temas complejos donde se monitorizan en tiempo real las varia­bles de tráfico, calidad ambiental e incidencias.

Las medidas de seguridad en túneles están contenidas en el Real Decreto 635 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, que supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2004/54 del Par­lamento Europeo y del Consejo.