Educación superior incluyente

Para subsanar esta situación, el Gobierno ha presentado un controvertido proyecto de reforma al sistema universitario. El debate del mismo es necesario y beneficioso para el país, pues los retos en materia educativa son enormes. Los retos del desarrollo mundial demandan de las naciones disponer de un sector educativo capaz de responder a las necesidades de la sociedad del conocimiento, en donde la formación de capital humano, especializado y de alto nivel, es uno de los elementos que la caracterizan.

Esto implica, a su vez, contar con centros universitarios con altos estándares de calidad, y con un sistema universitario que permita el acceso universal a sus estudiantes, sin discriminación de ningún tipo, y generador de conocimiento. En Colombia, la situación de la educación superior deja mucho que desear. Así, la tasa de cobertura en educación superior es de 37 por ciento; la tasa de deserción universitaria es de 45 por ciento; sólo el 13 por ciento de los programas de pregrado cuenta con acreditación de alta calidad y únicamente 13,5 por ciento de los docentes universitarios de tiempo completo cuenta con doctorado; ninguna universidad colombiana aparece entre las primeras 500 del mundo ni entre las 15 primeras de América Latina; finalmente, 3'200.000 bachilleres se encuentran marginados del sistema de educación superior.

La incapacidad evidente de la actual estructura universitaria para garantizar la oferta necesaria para enganchar al grueso de bachilleres graduados anualmente, brindándoles una educación superior de calidad, constituye una prueba fehaciente de la imperiosa necesidad que tiene el país de ajustar su actual estructura.

El Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, le ha presentado al país, para su discusión, un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 sobre educación superior. Con el proyecto se pretende promover una mejor calidad en la educación postsecundaria; lograr un acceso más amplio e incluyente; conseguir la ampliación y la flexibilización de la oferta de programas; fortalecer las fuentes de financiamiento de las universidades y los estudiantes; y mejorar los principios de buen gobierno y transparencia en el sector educativo superior.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto de reforma propone un conjunto de medidas entre las que sobresalen: crear un marco jurídico legal que permita la creación de alianzas público-privadas a través de las cuales los empresarios hagan inversiones directas en el sector de la educación superior; fortalecer financieramente al Icetex para aumentar el número de subsidios de matrícula para los estudiantes de bajos recursos; y mejorar los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas por parte de las universidades.Diversos estamentos universitarios, incluidos algunos rectores, han expresado sus críticas a la propuesta del Gobierno. Si bien toda reforma genera confrontación de posiciones, y la universitaria planteada sin duda contempla asuntos que significan un cambio sustancial frente a lo que hoy se tiene, esta debería generar, en el medio universitario, que constituye, por antonomasia, el escenario para el debate sano de posiciones y argumentos, la mayor apertura al diálogo y la discusión, en pro de una sociedad más educada y capaz, al tiempo que incluyente.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma universitaria atrevida, polémica y de gran avanzada, pero, frente a las necesidades y los retos que se tienen por delante, debe ser así. El país no puede permitir que las aulas continúen siendo el privilegio de unos pocos y el medio de exclusión de un gran número de jóvenes. Bienvenido el debate civilizado y racional, en el que los argumentos sean la fuerza de la convicción.

Tomado de: El Colombiano de Medellín