Estatuto docente en Colombia, ¿cura o enfermedad?

El presidente de Fecode (Federación Colombiana de Educadores), Senén Niño, aseguró que "esta propuesta pretende unificar los regímenes laborales que regulan el sector docente en Colombia, el que aplica para los profesores vinculados al magisterio antes del 2002 y otro para los maestros que fueron nombrados después de esta fecha". Según el dirigente sindical, el Decreto 2277, es decir, la norma laboral que rige a los docentes antiguos, debe ser puesta en discusión y en coherencia con la Constitución de 1991, pues fue expedida bajo la Carta Política de 1886 en 1979, en un marco constitucional y jurídico diferente al actual.

Niño agregó que el Decreto 1278, que rige para los maestros vinculados en los últimos años, debe ser discutido porque es una norma que desprofesionaliza la carrera docente y golpea la calidad de la educación "al no exigir como requisito la formación y los saberes pedagógicos de quienes van a ejercer el magisterio".

Por su parte, el secretario general de la Asociación Sindical Educativa de Medellín, Víctor Higuita, afirmó: "Paradójicamente, la propuesta del estatuto docente está muy relacionada con las normas gubernamentales que actualmente están lesionando la docencia y crean condiciones para facilitar la privatización de la educación, lo que haría necesario reformar la Constitución frente al tema educativo para evitar que se la convierta en una mercancía". A esto se suma la posición del doctor en educación multicultural Raúl Rojas, quien señaló que "algunos de los problemas del sistema actual están relacionados con la dificultad que existe para pasar de un escalafón a otro, la injerencia que tienen las autoridades locales en la gestión educativa para asignar cargos públicos en las distintas regiones y que dicha disposición no se ciñe a la realidad nacional y debe ser replanteada".

Higuita aseguró que "la disposición sobre el ascenso del escalafón para los maestros no puede estar supeditada a una comisión que lo avale porque las condiciones actuales de trabajo no lo permiten, pues los maestros no pueden formarse académicamente y sostener a sus familias a la misma vez. Para lograrlo, tiene que ser el Estado el que financie la formación de sus docentes, de acuerdo con las necesidades que exige el país". Finalmente, Higuita dijo que dadas las condiciones de la nación es errado derogar el decreto 2277 y que la tarea es rescatarlo y reformarlo en el marco de un estatuto que garantice y reivindique la labor docente, eliminar lo que esté obsoleto y unificarlo con el 1278 y 2277 para blindar la educación pública.