Formación ponderada

El Gobierno próximamente presentará a consideración del Congreso su propuesta de regulación de la educación superior, sin el aval unánime de los sectores involucrados, reconociendo que el Ministerio de Educación abrió espacios para su discusión y que algunas de las observaciones hechas fueron acogidas. Como es de suponer, a lo largo del trámite parlamentario se le introducirán otras modificaciones. Ojalá sean las más inteligentes.

La propuesta oficial busca tres objetivos: asegurar la financiación de la educación superior, mejorar su calidad y extender su cobertura. Son, sin duda, propósitos loables. No obstante, uno de los modus operandi para conseguirlos no ha sido bien recibido.

Me refiero a la posibilidad de abrir las puertas al ingreso de dineros venidos de inversionistas nacionales y extranjeros, atraídos por la experiencia de que la educación es un jugoso filón económico.

Para ello se les concede carta de ciudadanía a las "universidades con ánimo de lucro", a la espera de que sea la fórmula para incrementar los cupos significativamente. De seguro lo será.

Si el progreso de un país radicara en el número de profesionales, Cuba sería la nación más avanzada del orbe, pues allí se dan silvestres. Sin embargo, es conocida la penosa situación que atraviesan los habitantes de la isla.

Los profesionales constituyen una legión de inconformes, por carecer de oportunidades. Unos cuantos logran ser exportados y otros tienen que entregarse a labores de bajo rango, algunas denigrantes. Muchos choferes de taxis destartalados son magísteres y muchas de las 'jineteras' que se ofrecen a los turistas son doctoras.

Esta aberrante situación contemporiza con un desarrollo económico estancado, pese a que se sigan produciendo profesionales, lo cual permite inferir que no basta su proliferación para solucionar los problemas. Su número debe adecuarse a las circunstancias.

Cuando el gobierno castrista decidió formar médicos a gran escala y de mediana preparación académica, era una necesidad del momento, pues buena parte de los que existían marchó al exilio y la atención primaria en salud era prioritaria. Después, la idoneidad fue mejorada, sin reducir el número, lo cual desembocó en una profusión de médicos sin oficio, algunos con este, pero pobremente remunerados. Igual ocurrió con las demás profesiones.

Volviendo al caso nuestro, aspirar a titular profesionales, muchos profesionales, es algo plausible, a condición de que su número y características se ajusten a los requerimientos del país.

En otras palabras, su formación debe hacerse de manera ponderada, "con cierto ritmo y en cierta proporción". El proyecto de ley que sirve de base a mi comentario registra que el Estado "(...) garantiza la autonomía universitaria, fomenta el acceso y la graduación de los estudiantes (...)", pero no dice que "de acuerdo con las necesidades nacionales". Quizás no lo dice en atención a que nuestra Constitución establece la libertad de enseñanza y aprendizaje, con lo que da vía libre a la existencia de fábricas de profesionales (muchos de ellos de mediocre preparación), sin importar que el resultado sea la desocupación y el subempleo.

Antes de auspiciar y propiciar universidades con ánimo de lucro, sería bueno adelantar un censo o inventario confiable del número de profesionales con que cuenta el país, junto con el porcentaje de desempleados.

Si Planeación Nacional ya cuenta con esta información y ha calculado los requerimientos a corto y largo plazo basándose en el desarrollo previsto del país, bueno fuera que se la transmitiera a Mineducación, con miras a ponderar la formación de profesionales y de verdad regular la educación superior.

Así se evitaría el derroche de recursos y la frustración de aquellos.

Tomado de: Fernando Sánchez