Universidades públicas condenadas a debacle financiera

Si esto se destinara únicamente a cobertura, solo se generarían 47.542 nuevos cupos, de los 645.000 que ha planteado el Ministerio para todo el sector de la educación superior en el actual periodo del presidente Juan Manuel Santos. Tan solo el 7,4% de la meta.

La oferta de educación superior de "alta calidad" es costosa y no se consigue de un día para otro. Esta es una de las principales conclusiones de los procesos de acreditación que se han desarrollado en el país en la última década. Y es que para que una institución de educación superior (IES) se acredite, debe contar con programas de bienestar estudiantil, laboratorios y bibliotecas modernas, planta profesoral con doctorado y acorde con el número de estudiantes, entre otras condiciones que garanticen excelentes procesos formativos e investigativos.

En el caso de las IES estatales, estos procesos de acreditación han estado acompañados de un incremento, sin precedentes, de la cobertura y de las tasas de graduación en los últimos diez años. Según el Observatorio Laboral para la Educación, orientado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 2001 se graduaron 43.796 estudiantes de las IES públicas y 94.914 de las privadas.

En ese año existían 79 IES públicas y 189 privadas. En contraste, en el 2010 se graduaron 123.590 estudiantes de las IES públicas y 125.433 de las privadas, mientras para ese periodo había 80 IES públicas y 206 privadas.

Lo paradójico es que los procesos de acreditación de la calidad y ampliación de cobertura no han significado para las 32 universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) la consecución de mayores recursos públicos. Por el contrario, han representado un importante estrechamiento de sus presupuestos, al punto de poner en riesgo el buen funcionamiento de estas instituciones.

Ante este panorama, el pasado 5 de junio el SUE y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentaron un modelo financiero para asegurar el crecimiento de los recursos adicionales en un 3% anual sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir del 2012 y hasta el 2022. La propuesta de los Rectores planteaba que estos nuevos dineros aumentarían la base presupuestal y el 50% de estos no estaría atado a requisitos preestablecidos por el Gobierno (porque no serían dineros adicionales sino el pago de tareas nuevas, como aumento de cobertura). Entre otros puntos, también se pedía un plan de inversión en infraestructura física.

Más recursos, solo en el discurso

Desconociendo nuevamente la magnitud de los más de $ 672.000 millones de pesos de desfinanciamiento del SUE, el Gobierno solo acogió una pequeña parte de las soluciones. En efecto, incluyó en el artículo 151 del proyecto el aumento anual del 3% sobre el IPC, pero con dos salvedades: por un lado, los nuevos recursos se deberán distribuir entre las 80 IES públicas existentes y no solo entre las universidades que requieren con urgencia el salvamento estatal, y, por el otro, la totalidad de los recursos se repartirán según el desempeño de las IES públicas frente a los cuatro criterios establecidos en el articulado inicial (cobertura, productividad académica, formación docente e investigación, que no incrementará la base presupuestal).

Bajo este modelo, y según cálculos iniciales de las universidades, el año entrante el sistema estatal obtendrá $ 63.389 millones adicionales. Si esto se direccionara únicamente a cobertura, tomando como base el costo por estudiante en el SUE, en promedio $ 4.000.000 al año, significaría la apertura de 15.847 nuevos cupos por año. Es decir que de aquí al finalizar el gobierno Santos serán 47.541 nuevas matrículas estatales, lo que representaría apenas el 7,4% de la meta de 645.000 cupos que el MEN ha planteado para todo el sector de la educación superior en este mismo periodo.

Si los nuevos recursos solo se dirigieran para calidad, el aporte por cada estudiante en el SUE (que tiene aproximadamente 530.000 matriculados), sería de $ 158.500 al año, es decir, $ 79. 237 por semestre para cada alumno.

Estos cálculos muestran que los nuevos recursos no alcanzarán para resolver el problema ni para adelantar los programas de modernización que requieren las universidades públicas. Así, estas seguirán limitadas para construir nuevas aulas, contratar más personal docente con altos estándares de formación, e incluso resolver problemas puntuales como la construcción del hospital universitario de la Universidad Nacional en Bogotá.

A pesar de las proyecciones, el Gobierno sigue insistiendo en que la educación superior pública recibirá recursos "como nunca antes". Afirma, por un lado, que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) beneficiará ampliamente al sector (artículo 149 del proyecto) y, por otro, que llegarán más dineros a la educación superior gracias a la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo que reformó la distribución de las regalías y asignó el 10% del total al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sin embargo, las cifras muestran que no ha habido una relación directa entre el crecimiento del PIB y la inversión en educación (ver gráfico), a pesar de que el artículo 87 de la actual Ley 30 establece que a partir de 1998 se incrementarían los aportes para las universidades estatales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del PIB, basado en indicadores.

Según el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, cuando crece el PIB se hace un aporte único. "Mientras que el producto interno es acumulativo, los aportes solamente se entregan en el año de su crecimiento". Esto ha dado como resultado un declive en el porcentaje relativo de inversión en educación superior estatal con respecto al PIB. "Hace diez años estaba alrededor de 0,5%; hoy es del 0,4%, con una caída del 20%, lo que denota falta de decisión para que la educación superior sea una prioridad del Estado".

En cuanto a las regalías, el SUE reconoce que en efecto habrá más dineros para investigación, pero señala que estos recursos no podrán ser utilizados en gastos de funcionamiento, es decir, no se pueden emplear para corregir la esencia del problema financiero.

En suma, las universidades públicas no están de acuerdo con lo que propone el Ministerio. Y esta es la principal paradoja del Gobierno cuya principal bandera es "Educación de calidad: el camino a la prosperidad". Si se acepta que la alta calidad es costosa, que el sistema público ha obtenido importantes resultados en acreditaciones y cobertura y que en estos momentos el Sistema Universitario Estatal está pasando por la peor crisis de toda su historia, ¿por qué no buscar mecanismos alternativos que permitan superar la problemática?

Tomado de: César Enrique Herrera De la Hoz