Desplazados, mexicanos en el olvido.
Diversos organismos de derechos humanos calculan que en la actualidad hay más de 37 mil desplazados en Sinaloa en el período que va de 2012 a la fecha. Este número es el resultado de la ola de violencia que azota la zona serrana sinaloense consecuencia del enfrentamiento de grupos del crimen organizado y las autoridades en la llamada “Guerra contra el narco”. Todas estas personas comparten características en común: todos han migrado a las zonas urbanas del estado, principalmente Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, han sido abandonados por las autoridades y han perdido su patrimonio al haberlo dejado detrás huyendo por sus vidas. Las historias de cada familia son desgarradoras y nos dan una vista a la realidad que viven miles de personas en las regiones más olvidadas del país: la sierra.
En el caso particular de Sinaloa hay 2 eventos que detonaron migraciones masivas: el rompimiento y enfrentamiento de los cárteles de Sinaloa y Beltrán-Leyva (2012) y los operativos del ejército y la marina en la región serrana de Tamazula para recapturar al Chapo (2015). La violencia generada por ambos acontecimientos llevó a miles de familias a salir de sus poblados para buscar refugio en comunidades aledañas, pero con el tiempo y al ver que las autoridades no atendían sus necesidades buscaron ayuda con conocidos y familiares en las ciudades o incluso en otros estados. Ahora viven dispersos entre las 5 principales ciudades del estado y algunos incluso han salido y viven en otros estados.
FALTA DE INTERÉS EN LA CREACIÓN DE UN REGISTRO
Este fenómeno genera la pérdida de desarraigo y de sentimiento de pertenencia para comunidades enteras y trae consigo un sinnúmero de efectos adversos para las personas que seven forzadas a migrar y para los amigos o familiares que los reciben. El problema se acrecienta aún más cuando no se tienen siquiera registros exactos de cuántas personas han sido forzadas a salir de sus hogares, por dónde han salido y a dónde han llegado. El gobierno depende totalmente de que las personas vayan y reporten su caso para que este cuente en los registros oficiales. Esto ha ocasionado que el registro oficial ponga la cifra de desplazados muy por debajo de los cálculos de diversas organizaciones y organismos independientes de derechos humanos que estudian el fenómeno y que, aún cuando dan una cifra mucho mayor a la oficial, estiman podría ser más grande. Diversas asociaciones y organizaciones proponen que el gobierno utilice todos los recursos que tiene disponibles para lograr un registro confiable y cercano a la realidad, esto a través del uso de registros en los diferentes sistemas de seguro social (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular), datos estadísticos del INEGI, CONAPO e información de la SEDESOL. Por ejemplo, si un beneficiario del Seguro Popular pide un cambio de una entidad a otra se puede deducir que ha migrado y cruzando esos datos con los proporcionados por otras instituciones de gobierno se puede clasificar como desplazamiento forzado.
A pesar de todo esto no se ha concretado por parte del gobierno ninguna acción para tener un registro de desplazados por la violencia en Sinaloa y en el país, y si no se sabe primero quiénes son los afectados no se puede crear una política pública que los apoye y resuelva las problemáticas a las que se enfrentan.
ACTUALMENT E
Hoy por hoy, el fenómeno de desplazamiento forzado continua ocurriendo en la sierra sinaloense, y aunque algunas familias han decido regresar en busca de lo que dejaron atrás se han encontrado con que los lugares que antes consideraron su hogar ahora solo existen en sus recuerdos. Los pueblos han sido saqueados y muchas viviendas destruidas, quienes antes fueron sus vecinos están dispersos por el estado y el país y los espacios están irreconocibles. Muchos se han dado por vencidos y ahora buscan rearmar sus vidas desde cero en las ciudades que ahora habitan pero los obstáculos que enfrenan hacen de esto una tarea casi imposible sin el apoyo del gobierno que les ha abandonado.
Es ahora, en época electoral, cuando una solución al problema parece más difícil de lograr debido a los intereses de las diferentes facciones políticas en los afectados en este fenómeno, muchos se aprovechan de su desesperación y necesidad para manejarlos a favor de algún grupo político y no es conveniente resolver su situación.
Es esencial la creación de un registro para lograr que quienes han sufrido desde salir huyendo de sus hogares puedan por fin recibir el apoyo que necesitan para rearmar su vida, ya sea su decisión regresar al pueblo que dejaron o comenzar de nuevo en alguna ciudad o pueblo al que son ajenos. Aunque esto parezca imposible en el clima político actual, la sociedad civil no debe dejar que este caso muera como tantos otros y que pase al olvido sin estar resuelto.
José Leobardo Aguilar Bueno, estudiante en ITESM GDA.
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