Debo decir que el viernes 3 de diciembre, en plena espantada de controladores, personalmente no me parecía en absoluto acertada la decisión de habilitar al ejército para asumir el mando en las torres de control de los aeropuertos españoles.
Entendía que este tipo de medidas no suele gustar a la inversión, que huye de todo aquello que se parezca a un traje de camuflaje. Y aunque las comparaciones son odiosas, hay que decir que ese tipo de movilizaciones militares son más propias de países latinoamericanos, donde se acostumbra a que las fuerzas armadas resuelvan contiendas laborales.
Sin embargo, lograda la vuelta a la normalidad y con ella la restitución en el derecho de libertad de movimiento de miles de españoles, abogado laboral que soy, vengo a sumarme al aplauso generalizado en favor del ministro de fomento, José Blanco.
Nuestro país ha visto como históricamente se “ha jugado con nuestro pan”, ya que diversos colectivos del transporte, han convocado huelgas en fechas claves para el turismo.
Ahora es momento de reflexión, oportunidad de valorar la posibilidad de limitar el derecho de huelga cuanto se utilice abusivamente, o se atente contra los pilares fundamentales de la economía nacional.
A favor se cuenta ahora con la opinión pública, quien no se ha echado las manos a la cabeza al ver cómo el ejército asumía el control del espacio aéreo, o cuando no se ha inmutado al escuchar la expresión “estado de alarma”, pronunciada por primera vez en 35 años de democracia.
El público quiere ahora ver la sangre de los gladiadores vencidos. Clama por el despido y destierro de los controladores descontrolados. La expropiación de sus patrimonios. Incluso su ingreso en prisión. No pocos abogados laborales entendemos que previamente sería conveniente definir con claridad los límites de un perverso derecho, el derecho de huelga.
