Organizaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil se reunieron ayer en el Congreso con el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y con los diputados Antonio Hernando (PSOE) y Alfonso Alonso (PP). Las asociaciones han tenido acceso a la exposición de motivos de la futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y a un guión del texto normativo que se está ultimando y que se presentará el próximo jueves; también les han explicado las líneas maestras de la reforma legal, que podría aprobarse durante el primer semestre del próximo año.
La nueva norma unificará las prestaciones e incrementará su importe, según indica la exposición de motivos de la ley. El texto consagra también derechos en el ámbito del proceso penal. Las víctimas no se verán obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y habrá una oficina de apoyo a las víctimas en la Audiencia Nacional.
La retroactividad hasta 1960 se ha incluido por la muerte de un bebé de 22 meses el 27 de junio de ese año tras la explosión de una maleta incendiaria colocada en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. La banda terrorista nunca asumió la autoría del atentado. La primera víctima oficial de la banda terrorista es el guardia civil José Pardines Arcaya, de 25 años, el 7 de junio de 1968, año desde el que aplica la protección la ley vigente, de 1999.
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