El 1 de enero de 2011 se hará efectivo el fin de la desgravación fiscal por compra de vivienda que se venía aplicando en España durante los últimos años, quedando un pequeño resquicio residual para las rentas inferiores a 24.000 euros brutos anuales.
Con el fin de la desgravación fiscal por compra de vivienda el Gobierno español pretende seguir con el plan de austeridad que se ha marcado, o que le han marcado desde los mercados, para conseguir reducir el déficit público a la mayor brevedad posible, evitando así un rescate financiero al estilo de Grecia o de Irlanda.
En este mismo sentido, otro de los grandes objetivos marcados por el Ejecutivo español con el fin de la desgravación fiscal por compra de vivienda es reestructurar el modelo productivo español, abandonando la construcción y apostando por sectores con una mayor productividad y valor añadido, permitiendo así cierta inmunidad ante las crisis internacionales.
Cierto es que durante los años que la desgravación fiscal ha estado vigente, la tendencia cultural hacia la compra del pueblo español se ha visto agudizada de manera exponencial, arrinconando el alquiler como una medida transitoria hacia la compra.
A pesar de que muchos analistas coincidían en que el fin de la desgravación fiscal por compra de vivienda supondría un incentivo a la compra en los últimos meses del año 2010, a imagen y semejanza de lo que sucedió con el incremento del IVA en julio del mismo año, los datos están mostrando un estancamiento grave de las operaciones inmobiliarias en España.
Por otro lado, este fin de la desgravación fiscal por compra de vivienda no ha estado exento de polémica por la modificación abrupta de las reglas de juego. Especialmente en lo que se refiere a las cuentas de ahorro vivienda, contratadas a cuatro años vistas y cuyas cantidades aportadas recibían la misma desgravación que los pagos de los creditos hipotecarios, pero que ahora se ven en la tesitura de comprar una vivienda antes de fin de año o condenarse a tener que devolver todo lo percibido con anterioridad.
En definitiva, una medida con cierta lógica económica, pero que ha sido tomada con demasiada urgencia ante la presión de los mercados.
