Ya lo adelantaba el ex presidente Felipe González: Ia conocida ''pirámide invertida,”, producto de las "bajas tasas de natalidad," y del "alargamiento de la vida activa,", no podría ser compensada siquiera por la inmigración, de manera que el sistema de Seguridad Social necesitaba ampliar la edad de jubilación y aumentar la exigencia de cotizaciones.
No voy a ser yo quien lo discuta, si bien creo que el Sistema tiene mucho por optimizar, pues no es de recibo que tal y como han publicado en los últimos días que fruto de actuaciones inspectoras sale a la luz que el 25% de los desempleados que reciben un subsidio están defraudando, al trabajar de modo encubierto.
Si esto ha sido sólo un “muestreo,”, la urgencia económica de nuestro país recomendaría intensificar el esfuerzo inspector bien para sacar a la luz dicho fraude, bien para prevenirlo, ya que con la publicidad dada los empresarios se plantean muy mucho correr el riesgo, y optan por formalizar la contratación.
Ahora bien, ¿por qué no perseguir del mismo modo deben perseguirse los fraudes por incapacidad laboral transitoria (baja por enfermedad)?
A todos los abogados laboralistas nos han ocupado procedimientos de incapacidad en los que la aseguradora era una mutua privada, y contratando los servicios de un detective han destapado la simulación de los padecimientos.
Preguntémonos el porqué una mutua privada funciona mejor que el sistema de inspección público. No es comprensible, menos aún cuando la Administración goza de una presunción de legalidad en sus actuaciones, al tiempo de contar con mayores recursos de soporte a la investigación.
Como corolario debo decir que aún cuando el fraude de unos pocos perjudica a muchos inocentes, ante la duda soy partidario de asumir que alguien que pueda no merecerlo se beneficie de una ayuda de emergencia, a cambio de tener la seguridad de que quien verdaderamente la necesite, acceda a ella.
