Las familias y la sociedad civil contribuyen de diversas maneras a las inversiones educativas necesarias para lograr la calidad, la eficacia y la plena cobertura. Por la vía tributaria obligatoria, aportando al presupuesto público, y por la vía voluntaria como expresión de su responsabilidad familiar, empresarial y fundacional. El Estado debe estimular y fomentar esta responsabilidad financiera complementaria con la educación y valorar la fundación y mantenimiento de instituciones educativas privadas de servicio público como se señala en la Constitución (Art. 106).
La educación es pilar fundamental para lograr los fines de la nueva república; por lo tanto, se debe estimular de múltiples formas la inversión en el campo educativo. Los inmuebles dedicados a servicios educativos, a los insumos de dotación de laboratorios, equipamiento bibliotecas y tecnologías de la comunicación que tengan destino educativo y escolar deben gozar de exoneración de impuestos.
Exige también un radical mejoramiento de la administración, mayor transparencia y acercamiento a los centros educativos, a sus educadores y a la comunidad educativa. La rendición de cuentas a todo nivel, la contraloría social ejercida por la ciudadanía aunada a la cultura de mantenimiento, se presenta como urgencias participativas en la elaboración y en la ejecución de políticas públicas educativas.
