Tomando en consideración las diferentes problemáticas que enfrenta la inversión en educación superior en México, a nivel internacional se han desarrollado instrumentos altamente efectivos que incentivan la inversión en educación como es el crédito educativo, el cual lo podemos definir como un mecanismo económico y social (Téllez, Rodríguez, 2003), en uso hoy en día en más de 60 países, según datos del Banco Mundial (Salmi, 1994), que permite reducir la deserción estudiantil, aumentar la movilidad social y propiciar una mayor equidad en la población, la cual se traduce en un tema de justicia social.
Sin embargo en México, el crédito educativo se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo, provocado por diversos factores: la inexistencia de políticas públicas y universitarias enfocadas incrementar la inversión en educación; la falta de mecanismos de crédito que permitan monitorear los riesgos que asume un intermediario financiero; la falta de herramientas financieras que permitan calcular las probabilidades de incumplimiento, así como de seguimiento, medición y cálculo de las magnitudes de los impacto tanto financieros como sociales; así como una gran heterogeneidad entre las Universidades (en términos de calidad educativa).
Uno de los principales retos para incrementar la inversión en educación superior en nuestro país es romper la desvinculación que existe entre el sector financiero y las instituciones de educación superior, ya que cada actor evalúa y resuelve de forma diferente las necesidades del estudiante, es decir entre el crédito educativo y las becas (ayudas financieras), teniendo como consecuencia un bajo impacto sobre la inversión en educación.
En 2006 la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES), entidad dedicada a impulsar la inversión en educación superior en nuestro país mediante el otorgamiento de créditos educativos, realizó una serie de entrevistas entre los alumnos de una de las principales Instituciones de Educación Superior del país, que fueron beneficiarios de un crédito educativo, con el fin de conocer las fortalezas y debilidades del instrumento financiero.
Como un primer resultado de estas entrevistas observamos que el 80% de los beneficiarios de no haber recibido un crédito educativo, hubieran tenido que diferir o abandonar su formación académica o asistir a una Universidad Pública. Sin embargo, existe la percepción entre los beneficiarios, que el financiamiento que adquirieron fue elevado, especialmente cuando se compara con los niveles salariales que obtiene un egresado de la Universidad.
Por otra parte, al cuestionar si contaban con una beca otorgada por la Universidad, el 46% contestó afirmativamente. Ubicándose este apoyo financiero entre el 20% y el 40% de la colegiatura. Sin embargo, varios entrevistados manifestaron que los compañeros que no recibieron un crédito educativo, tenían un porcentaje de beca mayor.
Adicionalmente, los entrevistados manifestaron que el mantener un crédito educativo no les permitía obtener una mejor beca por parte de la Universidad, e incluso dicho porcentaje disminuía, compensándose con mayores niveles de financiamiento. Al platicar con las áreas administrativas de la Universidad, su percepción del problema se fundamentaba en el hecho que incrementar el porcentaje de beca ya no era requerido, ya que el alumno contaba con las fuentes de financiamiento necesarias (financiamiento – beca), para cubrir su colegiatura.
Otro aspecto importante que manifestaron los beneficiarios de un crédito educativo es que se incorporaban al mercado de trabajo de medio tiempo con mayor frecuencia que los no acreditados. Conforme a los comentarios de los entrevistados, este comportamiento se motiva por dos causas principales, i) la intención de anticipar los pagos del financiamiento; y ii) apoyar económicamente al ingreso familiar.
Aunado a lo anterior, al analizar los kárdex de los estudiantes acreditados, obtuvieron calificaciones promedio superiores a los no acreditados (8.20 vs. 8.06). En este sentido, los acreditados manifestaron que este fenómeno se debe a los requisitos de calificación mínima impuesta por SOFES para continuar con el esquema de financiamiento ya que de lo contrario perderían el crédito, sin tener alguna otra fuente clara para sustituirlo, y estar en posibilidades de concluir con sus estudios.
Por último, se cuestionó si el crédito educativo de SOFES cumplía con las expectativas del acreditado, en donde la mayoría de los entrevistados manifestó que desde punto de vista de pago de colegiatura, efectivamente cumplía con sus expectativas; sin embargo existen una serie de gastos que no son contemplados por el intermediario financiero (a través de sus propios financiamientos) y por la propia Universidad (a través de las becas otorgadas), tales como: los gastos de manutención, libros, equipo de cómputo, viajes, etc. lo cual dificultó el egreso de la Universidad, provocando una falta de equidad entre el estudiantado.
Como resultado de estas entrevistas, se pone de manifiesto la desvinculación que existe entre el sector financiero y las instituciones de educación superior, en cuanto al manejo del financiamiento por parte del intermediario financiero y las becas otorgadas por la Universidad, ya que ambas tienen fundamentos diferentes pero con una meta común; el pago de colegiatura.
Es importante destacar que una de las principales características del crédito educativo es el alto riesgo asociado y la gran variedad de externalidades que afectan al mismo; entre las que destacan: i) la ausencia de garantías subsidiarias; ii) la carencia de una cultura de crédito; iii) los estudiantes que malinterpretan el crédito educativo otorgándole una connotación de beca educativa ó subsidio; iv) la extrema movilidad geográfica de los estudiantes después de dejar la Universidad; v) la ausencia de empleos regulares; entre otros aspectos (Johnstone, Marcucci, 2009); hace que este tipo de ayudas financieras otorgadas a los alumnos tengan un bajo impacto social y económico.
En otras palabras, la percepción que existe entre la relación de crédito educativo y becas no es complementario, sino en muchos casos excluyente; ya que tiende a manejarse el crédito educativo por parte de las Universidades como una herramienta para cumplir metas presupuestales, es decir a mayor nivel de crédito será menor porcentaje de beca, y para el intermediario financiero las becas no representan un mitigante en el riesgo de crédito, ya que no tienen un control sobre las mismas.
Por lo tanto, se requiere desarrollar de ideas innovadoras para que las ayudas financieras orientadas a fomentar la inversión en educación superior, sean atractivas tanto para el sector financiero como para las propias instituciones de educación superior. Es decir, desarrollar un sistema de crédito educativo y becas de largo plazo con impactos masivos y duraderos.
Como claramente se apreció en las entrevistas realizadas, es importante incluir en las ayudas financieras conceptos no necesariamente relacionados con la colegiatura, pero que inciden en favorablemente en el desarrollo profesional del alumno. Estos conceptos como la manutención, equipo de cómputo, libros, viajes forman parte integral de la misma formación académica, sin embargo tradicionalmente no son elementos que los intermediarios financieros y las propias Universidades atiendan.
El debate en el manejo de ayudas financieras se ha discutido a nivel internacional, ya que las decisiones que se tomen al respecto inciden en los impactos sociales que genera la educación superior, ya que existe una alta correlación entre el nivel de educación de una nación y su desarrollo económico, sin embargo también se confirma su sentido inverso, es decir los niveles de pobreza se encuentran correlacionados con el analfabetismo de un país. Por lo tanto, el optimizar los recursos financieros de las Instituciones de Educación Superior, permitirá implementar esquemas de crédito educativo y becas que ayude a aumentar la cobertura de educación, reducir la deserción estudiantil, aumentar la movilidad social, propiciando una mayor equidad en la población, la cual se traduce en un tema de justicia social.
